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Preguntas Frecuentes

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R/ La sola inscripción en la convocatoria NO le otorga al aspirante derecho alguno sobre un empleo en particular, comoquiera que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 establece las etapas que se deben agotar dentro del proceso de selección.
En consecuencia, la inscripción en la convocatoria NO es una garantía para que los participantes adquieran el derecho a ser nombrados en un empleo en particular, ya que los concursos de méritos al constituirse como el mecanismo para proveer los empleos de carrera reportados por las entidades a través del sistema de mérito, la misma se constituye en mera expectativa para los aspirantes que participan en la Convocatoria, que se concreta solo en la medida en que el aspirante en virtud del concurso integre una lista de elegibles en firme que le otorgue un derecho particular y concreto a ser nombrado en el empleo para el que participó.

El articulo 28 de la Ley 909 de 2004, establece principios que orientan el ingreso a los empleo públicos de carrera administrativa (…)

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración  permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos.



R/ Al ser la equivalencia una alternativa para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por un empleo que están dados por Educación y Experiencia,  éstos se pueden cumplir de forma directa, es decir tal como lo señala el requisito mismo. No obstante, en el evento de no contar con uno de los requisitos, se puede acudir a la equivalencia descrita para el empleo (solo si el empleo las contempla). En consecuencia, solo es necesario cumplir los requisitos mínimos bien sea de manera directa o por aplicación de equivalencias.



R/ Antes de inscribirse en determinada convocatoria, los aspirantes deberán consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, la cual se encontrará publicada en la página web www.cnsc.gov.co, allí podrán informarse de las características de cada empleo ofertado y observar, entre otros aspectos, las funciones y requisitos en cuanto a estudio y experiencia, de tal manera que puedan tomar la decisión respecto del empleo por el que van a concursar y el nivel jerárquico al que pertenece, bien sea asesor, profesional, técnico o asistencial. El aspirante sólo podrá registrarse una vez y a un único empleo por convocatoria, es decir, si ya realizó inscripción en una convocatoria para un empleo determinado, no podrá realizar otra, así haya comprado varios pines.

Conforme a la normatividad de cada convocatoria, las pruebas se aplicarán en una misma sesión y en un único día, debido a ello, al ser citados los concursantes que superen la etapa de verificación de requisitos mínimos, solo pueden presentar una única prueba y por tal motivo no podrían optar por dos (2) empleos de la misma convocatoria.

R/ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, los aspirantes deberán sufragar los costos de participación en las convocatorias que adelante la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, en este orden de ideas, el valor que se debe pagar corresponde a un salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistenciales, y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los demás niveles. El recaudo lo hará la CNSC o quien esta delegue.

Si el valor del recaudo es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, el faltante será cubierto por la respectiva entidad que requiera proveer el cargo.

R/ Cancelar los derechos de particpación otorga el derecho a inscribirse para en la Convocatoria seleccionada para acceder a un empleo de carrera, motivo por el cual posteriormente debe surtir todas y cada una de las etapas del proceso de selección, las cuales están previamente señaladas en el Acuerdo de Convocatoria.

El Concurso Abierto es un proceso en el que el concursante debe demostrar a través del mérito sus habilidades, competencias e idoneidad para desempeñar un empleo.

Así las cosas, la cancelación de derechos de participación no genera ningún derecho de ser nombrado o posesionado en un empleo, lo que permite es que el concursante se inscriba en un concurso, acredite cumplir con los requisitos exigidos para desempeñar un empleo y sea citado a presentar las pruebas que previamente se determinaron para el concurso.

R/ Frente al proceso de selección el único beneficio legalmente contemplado para personas en situaciones especiales de vulnerabilidad, se presenta cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales. En la conformación de la Lista de Elegibles ocuparán la misma posición en condición de empatados; en estos casos para determinar quién debe ser nombrado en período de prueba, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden.

1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.

2. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011.

3. Con quien ostente derechos en carrera administrativa.

4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997.

5. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en atención al siguiente orden:

  • Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias básicas y funcionales.
  • Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales.
  • Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de Valoración de Antecedentes.
  • La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones.

Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia de todos los interesados.

R/ Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en el inciso segundo del artículo 13º del Decreto 1227 de 2005, la Convocatoria es norma reguladora de todo concurso y en tal virtud, obliga tanto a la CNSC, como a la entidad para la que se efectúa el concurso y a los participantes de la misma, lo cual implica que cada convocatoria tenga su propia regulación y se constituya en un proceso independiente al otro, por lo que es indispensable que en cada convocatoria se cumpla a cabalidad las etapas previstas, lo que incluye el aportar la documentación con la que el concursante pretende demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo al que aspira.

Es de advertir, que los empleos convocados mediante concurso de méritos, tienen unos requisitos establecidos en el Manual de Funciones de cada entidad, lo cual exige que para cada convocatoria se realice de manera independiente la verificación del cumplimiento de los mismos, siendo necesario que los aspirantes acrediten la documentación que da cuenta del nivel de estudios y experiencia según el empleo por el cual tienen la expectativa de concursar.
En este sentido, la etapa de acreditación de documentos no puede ser omitida en los procesos de selección, toda vez que para cada convocatoria se presentan distintas personas sin que por regla general siempre sean los mismos concursantes.

R/ Con la entrada en vigencia de la aplicación SIMO (Sistema de Apoyo para la igualdad el Mérito y la Oportunidad) el cargue de documentos se vuelve más facil para los aspirantes.

Si bien cada convocatoria se realiza de manera independiente la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, con la puesta en marcha de SIMO, los aspirantes tendrán la posibilidad de cargar en una unica oportunidad, los documentos requeridos para aspirar a empleos públicos de las diferentes convocatorias en las que participen.

Así, si el aspirante se incribe a varias convocatorias simplemente debe verificar que los documentos que aportó por primera vez se ajustan alos requisitos exigidos en las nuevas convocatorias, para que en caso contrario solo tenga que hacer las actualizaciones que considere pertinentes.



R/ La CNSC puso a disposición de la ciudadanía el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, para lo cual Usted debe ingresar a la página web www.cnsc.gov.co y ubicar el botón SIMO.

SIMO hace más fácil y rápida la secuencia de las etapas propias de las Convocatorias a empleos públicos en Colombia. El proceso de Registro y actualización de la Hoja de Vida de un Usuario en el SIMO, permite al usuario realizar un único registro de su hoja de vida y de los documentos que la soportan, para que pueda utilizarla en cualquiera de las convocatorias que adelante la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. Esta información estará disponible en todo momento en caso de requerir actualización o ampliación, y con ella podrá participar en cuantos concursos desee sin realizar nuevos cargues de documentos.

SIMO, permitirá la compra de derechos de inscripción en línea, de manera adicional al tradicional pago en banco, con los que los aspirantes ya no requerirán de desplazamientos para poder inscribirse en una Convocatoria. Finalmente se invita a inscribirse e interactuar con SIMO a partir de la fecha favor consulte la Guia en el siguiente link http://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano#busqueda_empleo.

R/ Para la contabilización de la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico, debera el aspirante adjuntar la certificación expedida por la Institución Educativa en que conste la fecha de terminación y la aprobación del pensum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional.

Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y exacta: a) nombre o razón social de la empresa que la expide b) Cargos desempeñados C) Funciones,salvo que la ley las establezca d) Fecha de ingreso y de retiro (dia,mes,año) e) Jornada laboral , en los casos de vinculación legal o reglamentaria.

Las certificaciones deberán ser expedidas y suscritas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad o quien haga sus veces. La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o terminación precisando las actividades desarrolladas. Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, antefirma legible ( nombre completo) y número de cedula de empleador contratante, asi como su dirección y telefono.Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea( tiempo traslapados), en una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Las certificaciones de medio tiempo o inferiores se deberán presentar de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, siempre y cuando se especifique las fechas de inicio y de terminación,el tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento.



R/NO, La información de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC está consolidada con los requisitos de formación académica y experiencia que reposan en los Manuales de Funciones vigentes de cada una de las entidades que estructuran el proceso de selección, sin que la CNSC tenga la competencia para realizar modificaciones o sugerir que se incluyan requisitos que no estén allí contemplados.

Lo anterior, dado que los Manuales de Funciones, son un instrumento de administración de personal a través de los cuales los Representantes Legales de cada una de las entidades establecen los requisitos de estudio y experiencia, las funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de la entidad, circunscribiéndolos, en el caso de educación formal, a núcleos básicos de conocimiento de conformidad con las necesidades del servicio y la naturaleza de las funciones del empleo, constituyéndose en la base para la Oferta Pública de Empleos de Carrera, de lo cual se encargan directamente los Jefes de Personal de las entidades.

R/ No. Como lo señala el Decreto es potestativo de las entidades la aplicación de las equivalencias, sin que sea posible que disminuyan o aumenten los requisitos contenidos en el Decreto. Así, a entidad al establecer su Manual de Funciones y Competencias Laborales, podrá determinar si hay lugar a la aplicación de equivalencias, en algunos de los empleos o en todos, es decir, es discrecional de la entidad determinar la aplicación de las mismas.

R/ El Decreto No. 1083 del 26 de mayo de 2015, Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, ha definido la experiencia de la siguiente manera:

(…) Artículo 2.2.2.3.7 Experiencia: Se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio.

Ahora bien, para efectos de las Convocatorias para proveer por méritos los empleos de carrera la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, profesional relacionada y laboral y se tendrá en cuenta de acuerdo con lo establecido la OPEC por la entidad:

Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional.

Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.

Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.

Experiencia laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

Experiencia docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada. En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a éste, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional (…).

R/ No. La experiencia que se debe acreditar en empleos del nivel profesional o asesor, debe ser por lo menos de empleos del nivel profsional.

Por ejemplo en algunas OPEC se exige experiencia relacionada, pero sin embargo los aspirantes solicitan se valoré su experiencia que pese a ser relacionada con las funciones del empleo a proveer, la misma corresponde a experiencia del nivel técnico o asistencial, la cual no se puede valorar.

Por lo tanto se debe tener encuenta la definición de experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer.

R/ No. El desempeño de un empleo del nivel profesional exige título Profesional. La terminación y aprobación del pensum académico se tiene en cuenta para determinar el tiempo de experiencia.

Al respecto, conviene precisar que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, existe una prohibición expresa para compensar requisitos, así:

(…)Artículo 2.2.2.5.2. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentados, los grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán compensarse por experiencia u otras calidades, salvo cuando [a ley así lo establezca (…).

 

R/ Para presentarse a un empleo del nivel profesional debe acreditarse los el requisitos de estudio y experiencia. Si  un servidor se desempeña en un empleo del nivel técnico, la experiencia adquirida corresponderá a dicho nivel, sin que se convierta en profesional por el sólo hecho que quien lo ocupe, haya obtenido tiempo atrás un título de Profesional, puesto que las actividades que le corresponden realizar, de forma alguna demandan “la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional”, como si ocurre en el nivel profesional, sino que implican el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.

 

R/ El artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, dispone entre otras cosas, lo siguiente:

“ART. 40- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
(…)

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La Ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Teniendo en cuenta lo establecido en el citado artículo y de conformidad con lo señalado en el Concepto emitido por esta Comisión Nacional mediante radicado No. 03-35-2013-3151 del 12 de febrero de 2013, aprobado en sesión de Comisión de la misma fecha, se precisa que en dicha disposición, no se confieren derechos políticos a los extranjeros, sino a los ciudadanos colombianos, limitando sin embargo a quienes siendo nacionales por nacimiento o por adopción, tiene doble nacionalidad.

La calidad de ciudadano también es condición, para participar en los concursos de mérito, tal como lo establece el literal c) del artículo 29 de la Ley 909 de 2004, referido al principio de libre concurrencia e igualdad en el ingreso a los empleos de carrera, en los siguientes términos: “Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole”.

Como se indicó ut supra, este concepto de ciudadanía requiere de la concurrencia de los elementos de la nacionalidad y la edad (18 años) (Ver Sentencia C-536 de 1998).

Así las cosas, se hace necesario precisar que mientras NO sea otorgada la nacionalidad colombiana por adopción, NO hay posibilidad que se pueda acceder a cargos públicos del Estado Colombiano, cualquiera sea el tipo de vinculación y cualquiera sea la naturaleza del empleo (de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción o de período), toda vez que el derecho a participar para ejercer cargos públicos, es conferido solo a aquellos que cuenten con la nacionalidad colombiana respectiva.

R/ Durante las etapas de divulgación e inscripción de la Convocatoria los aspirantes cuentan con la información respecto del número de vacantes ofertadas para un empleo que sólo serán provistas definitivamente en estricto orden de mérito con la lista de elegibles en firme que se conforme. En el Sistema General de Carrera la vigencia del listado es de dos (2) años, o como lo determine el régimen específico de la entidad, de tal manera que éstas puedan ser utilizadas cuando se presenten vacantes definitivas en los empleos que hayan sido ofertados en la Convocatoria para lo cual se agotará la lista en estricto orden de elegibilidad.

En relación al uso de las listas de elegibles conformadas en el marco de las Convocatoria adelantadas por la CNSC, el artículo No. 2.2.5.3.2  del Decreto No. 1083 2015 establece:

“Artículo 2.2.5.3.2. Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. Parágrafo 1°. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. (…)”

Por lo anterior, si un empleo y/o vacante con lista de elegibles en firme presenta renuncia por parte de algún elegible con posición meritoria, la entidad nominadora deberá solicitar a la CNSC el uso de la lista de elegibles y así proceder a nombrar a la siguiente posición de la lista de elegibles conformada y adoptada.

Dicho procedimiento se realiza hasta agotar la Lista de Elegibles, pero en todo caso tal como lo establece la norma en cita, solo podrá optar por el empleo para el cual concurso y no otro.

 

R/ El parágrafo 2° del artículo 12 de la Ley 909 de 2004, estableció:

“La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa, previo el debido proceso, cuando se compruebe la violación a las normas de carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por ella. La multa deberá observar el principio de gradualidad conforme el reglamento que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos mínimos serán cinco (5) salarios mínimos legales vigentes y máximos veinticinco (25) salarios mínimos legales vigentes (…)”

Tal como se observa, en el evento que la CNSC tenga conocimiento que una entidad se abstiene de nombrar a un elegible que ocupa posición de mérito en una lista de elegibles que se encuentra en firme, podrá dar inicio a una actuación administrativa con fines sancionatorios por presunta violación de las normas de carrera administrativa o inobservancia de las instrucciones dadas por la CNSC.

Es procedente aclarar que la facultad nominadora la tiene la entidad, por tando son ellos los responsables de verificar previo al nombramiento el cumplimiento de requisitos.

 

R/ El artículo 2.2.6.10 del Decreto 1083 de 2015 dispone frente a la declaratoria de desierto de un concurso, lo siguiente:

“Cuando en los concursos no se inscriban candidatos o ninguno de los inscritos acredite los requisitos, deberá ampliarse el plazo de inscripciones por un término igual al inicialmente previsto y el correspondiente aviso deberá publicarse y divulgarse de acuerdo con lo establecido en el presente título.
Si agotado el procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, caso en el cual se convocará un nuevo concurso”.

Por su parte el artículo 2.2.6.19 del Decreto ibídem, dispone:

“Los concursos deberán ser declarados desiertos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:
Cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiere acreditado los requisitos, o cuando ningún concursante haya superado la totalidad de las pruebas eliminatorias o no haya alcanzado el puntaje mínimo total determinado para superarlo.

Así mismo, el artículo 19 del Decreto Ley 760 de 2005, establece lo siguiente:

“La entidad que realice el proceso de selección o concurso informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la ocurrencia de alguna de las causales señaladas para declarar desierto el proceso de selección, dentro de los tres (3) días siguientes a su ocurrencia, para que la Comisión, dentro de un término no mayor a diez (10) días, decida si lo declara o no desierto. Contra este acto administrativo no procede recurso alguno.
El acto administrativo correspondiente deberá ser publicado en las páginas web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la entidad que realizó el concurso y de aquella para la cual se convocó este”

R/ La Comisión Nacional del Servicio Civil informa a todos los interesados que la Universidad o Institución de Educación Superior (IES) acreditadas para el desarrollo de los concursos y procesos de selección para proveer empleos públicos son:

  1. Universidad Francisco de Paula Santander | Resolución 20161000017395 de 2016 Fecha de vencimiento de la Acreditación 17/05/2019

  2. Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | Resolución 20161000015955 de 2016 Fecha de vencimiento de la Acreditación 28/04/2019

  3. Universidad Nacional De Colombia | Resolución No. 20161000013085 Fecha de vencimiento de la Acreditación 14/04/2019

  4. Universidad Manuela Beltrán | Resolución 2337 de 2015 Fecha de vencimiento de la Acreditación 28/04/2018

  5. Universidad de la Sabana | Resolución 2338 de 2015 Fecha de vencimiento de la Acreditación 28/04/2018

  6. Universidad de Medellín | Resolución 2683 de 2014 Fecha de vencimiento de la Acreditación 02/12/2016 

  7. Universidad de Pamplona | Resolución 2684 de 2014 Fecha de vencimiento de la Acreditación 02 /12/2016 

 

R/ Al tenor de lo dispuesto en el artículo 5º del Acuerdo 137 de 2010 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba” la Comisión de Personal tendrá injerencia en los siguientes términos:

“Artículo 5°. Responsables en la Evaluación del Desempeño Laboral. Son responsables quienes, por mandato legal, estén obligados a adoptar, administrar y vigilar el sistema y a cumplir las funciones que su empleo o condición señale.

Los siguientes son los responsables y sus obligaciones frente al Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño”:

(…) 5.8. Comisión de Personal.

1. Verificar que el proceso de evaluación del desempeño laboral se realice según lo establecido en este Acuerdo.

2. Participar en la elaboración y seguimiento del plan anual de formación y capacitación y constatar que se incorporen los requerimientos derivados de la evaluación del desempeño laboral.

3. Proponer, con base en los resultados de la evaluación del desempeño y la medición del clima organizacional, la inclusión de acciones para su mejoramiento en el programa anual de capacitación y formación de la entidad.

4. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil las incidencias que afecten el proceso de evaluación del desempeño laboral.

5. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, trimestralmente y por el medio que esta establezca, sobre sus actuaciones y el cumplimiento de sus funciones en los asuntos relacionados con la evaluación del desempeño.

6. Declararse impedidos cuando se presenten las causales previstas en la ley referidas a uno o varios de los integrantes de la comisión.

7. Determinar, cuando el evaluado presente, reclamación en única instancia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fijación de los compromisos y en un plazo máximo de quince (15) y diez (10) días calendario para la evaluación anual y para el período de prueba respectivamente, si los compromisos fijados corresponden a los criterios establecidos en el presente acuerdo. 

R/ Sí, no obstante las medidas frente a las faltas temporales y absolutas deberán estar contenidas en el reglamento que la Comisión de Personal adoptó para su funcionamiento y deben estar en consonancia con lo previsto en el artículo 2.2.14.2.14 del Decreto 1083 de 2015.

R/ Sobre el particular, la Comisión Nacional del Servicio Civil se pronunció mediante Criterio relacionado con “Doctrina de la CNSC en relación con diferentes situaciones sobre conformación de la Comisión de Personal, elección de representantes de los empleados, candidatos, electores, Comisión de personal (…)”, aprobado en sesión de Comisión el 16 de septiembre de 2010, en el cual se dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:  

“(…) el artículo 16 del Decreto 1228 de 2005 preceptúa que el período de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal será de dos (2) años y prohíbe la reelección para el período siguiente. 

Sobre este aspecto, se hace necesario precisar que la Ley 909 de 2004 no prohibió la reelección inmediata de los representantes de los empleados de la Comisión de Personal, por lo cual la Comisión Nacional del Servicio Civil considera que en casos excepcionales, ante la ausencia de candidatos y en aplicación del principio constitucional de participación en la vida administrativa, debe darse aplicación a lo preceptuado por la ley en el sentido de permitir la reelección de los representantes de los empleados toda vez que la ley reglamentada no prohíbe lo contemplada en el Decreto antes mencionado.

En este orden de ideas, cuando en la convocatoria que se adelante para elegir a los representantes de los empleados no se inscriba ningún empleado de carrera ni tampoco se postulen empleados con nombramiento en provisionalidad o su número no sea suficiente para la conformación de la Comisión de Personal, los miembros actuales de la Comisión de Personal podrán postularse a la convocatoria y si resultan elegidos por la votación de los empleados de la entidad serán reelegidos para el período siguiente.

Por el contrario, la existencia de candidatos nuevos a la Comisión de Personal impide la postulación y reelección de quienes hagan parte de ella (…)

R/ Al respecto se informa que no existe un término definido respecto a la duración de la designación de los representantes de la Entidad en la Comisión de Personal, motivo por el cual el nominador en ejercicio de su autonomía podrá determinar la duración de la designación realizada de sus representantes ante la Comisión de Personal.

R/ Ni la Ley 909 de 2004 ni el Decreto 1083 de 2015 determinaron  término alguno en cuanto a la elección del Presidente de dicho Cuerpo Colegiado, en consecuencia, al interior de la misma se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la elección del presidente de la Comisión de Personal, el cual deberá ser elegido por un término prudencial, a partir de la conformación de la Comisión de Personal. 

R/  Al respecto se indica que, la Ley nada dijo respecto a que los representantes de la Entidad en dicho Cuerpo Colegiado tuvieran sus respectivos suplentes.

No obstante lo anterior, se informa que según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.14.1.1 del Decreto 1083 de 2015, la Comisión de Personal de la entidad puede establecer en su reglamento de funcionamiento, si así lo considera, que los representantes de la entidad u organismo de dicho Cuerpo Colegiado tengan cada uno un suplente, quienes deben acreditar los mismos requisitos y condiciones que los titulares. 

R/ Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.14.2.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que, la convocatoria para la conformación de la Comisión de Personal debe realizarse en un término no inferior a treinta (30) días hábiles al vencimiento del período, la entidad está obligada a  realizar dicha convocatoria conforme a lo establecido en el artículo 7° del Decreto ibídem:

“(…) Los candidatos a ser representantes de los empleados ante la Comisión de Personal deberán inscribirse y acreditar las calidades exigidas en el artículo anterior, ante el Jefe de la Unidad de Personal o ante quien haga sus veces en la respectiva entidad o en la dependencia regional o seccional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la divulgación de la convocatoria. Si dentro de dicho término no se inscribieren por lo menos cuatro (4) candidatos o los inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, este término se prorrogará por un lapso igual” (Negrita fuera del texto). 

Conforme a lo anterior, en caso que se haya realizado la convocatoria NO se cuente con inscritos, se prorrogará el término de inscripción. Si persiste dicha situación, la entidad procederá a convocar de nuevo, con los servidores que se desempeñan mediante nombramiento provisional, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.14.2.16 del Decreto 1083 de 2015.

Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004.

R/ El artículo 16 de la Ley 909 de 2004, estableció como obligación para todos los organismos y entidades reguladas por esta Ley, conformar la Comisión de Personal, organismo de carácter colegiado, que se constituye en uno de los órganos de dirección y gestión del empleo público y la gerencia pública del ente en el cual opera, lo que la convierte en una instancia decisoria indispensable para garantizar no sólo los derechos de carrera administrativa, sino también participativa en temas vitales para la administración de personal, como son los programas de capacitación, formación, estímulos y ambiente organizacional que incluye a todos los servidores.

R/

a. Resolver reclamaciones que versen sobre los resultados de la verificación de requisitos para otorgamiento de encargos, realizada por la Entidad a través del Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces. Lo anterior, comoquiera que el acto lesivo que activa la reclamación laboral para los servidores públicos de carrera que consideren vulnerado su derecho preferencial a encargo, será únicamente el acto administrativo de nombramiento de otro servidor (por encargo o nombramiento provisional) en el empleo objeto del estudio respectivo. Tampoco podrán emitir pronunciamiento alguno relacionado con el estudio de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos.

b. Resolver reclamaciones o emitir pronunciamiento alguno en temas relacionados con el Manual de Funciones y Requisitos vigente en la Entidad.

c. Resolver reclamaciones o emitir pronunciamiento alguno en temas relacionados con el resultado o puntaje obtenido en la Evaluación del Desempeño Laboral, dado que para impugnar tal resultado, el servidor cuenta con los recursos de reposición y de apelación (en caso de proceder éste último).

d. Resolver reclamaciones o emitir pronunciamiento alguno respecto de asuntos relacionados con situaciones administrativas en que puedan estar inmersos los servidores públicos de la entidad, como lo son, solicitudes de provisión transitoria de empleos a través de encargos u otorgamiento de encargos (Corresponde a solicitudes en las que algún servidor persiga que se provea un empleo de carrera que se encuentra desprovisto (sin servidor alguno que lo desempeñe en propiedad o transitoriamente) en la Entidad, sin que aún la Administración haya decidido proveerlo transitoriamente), solicitudes para proveer transitoriamente un empleo, acoso laboral o traslados.

Se advierte que la Comisión de Personal sí tiene competencia para tramitar en primera instancia las reclamaciones laborales que se presenten argumentando presunto desmejoramiento laboral como resultado de un traslado efectuado.

e. Emitir pronunciamiento alguno en temas que por disposición legal son de competencia exclusiva y excluyente del nominador en ejercicio de su facultad nominadora, dado que la Comisión de Personal no es una instancia que coadministre las relaciones laborales.   

R/ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.14.2.14 del Decreto 1083 de 2015, 

“Las faltas temporales de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal serán llenadas por los suplentes. En caso de falta absoluta de un representante de los empleados el suplente asumirá tal calidad hasta el final el período. En caso de que por alguna circunstancia el número de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal no se ajuste a lo establecido en la Ley 909 de 2004, se convocará a elecciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de tal hecho”.

R/ En cuanto a la elección del Presidente de la Comisión de Personal, se precisa que el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, establece que éste será elegido al interior de dicho Cuerpo Colegiado.

Lo anterior se encuentra previsto en el Criterio Unificado “Comisiones de Personal”, de la CNSC aprobado el 10 de abril de 2014, que respecto al Presidente de la Comisión de Personal se pronunció en los siguientes términos:

“(…) x. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, la Comisión de Personal deberá elegir en su seno un presidente, quien a criterio de la CNSC será el representante del organismo colegiado, sin que ello signifique que sobre éste recaiga alguna facultad discrecional de decidir los asuntos que se someten a consideración de la Comisión de Personal, o de asumir las funciones de ésta sin someterlas a la votación de todos los miembros. Ahora bien, las normas nada determinaron en relación con la oportunidad para elegir al presidente, teniendo entonces que a criterio de la CNSC, éste deberá ser elegido en un término prudencial contado a partir que se conforme el organismo colegido, correspondiendo a la Comisión de Personal determinar en su reglamento de funcionamiento, temas tales como el período, reemplazo ante falta temporal, nueva elección ante falta absoluta, entre otras. (…)” (Subraya fuera del texto). 

El Criterio Unificado en mención se encuentra disponible para ser consultado en la página web de la CNSC, a través de la siguiente ruta: Inicio/ Doctrina / Comisiones de Personal / Sala Plena /

R/ Al respecto se precisa que las Comisiones de Personal Seccionales o Regionales no  tienen asignadas las funciones establecidas en los literales d) y e) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, tal y como lo determina el artículo 6° del Decreto Ley 760 de 2005, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 6. Las funciones asignadas a las Comisiones de Personal, en los literales d) y e) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004 no podrán ser ejercidas por las Comisiones de Personal de las dependencias regionales o seccionales de las entidades.”

En consecuencia, las Comisiones de Personal Seccionales o Regionales no cuentan con la competencia funcional para:

i) Conocer en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les supriman los empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos y; (Literal d) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004). 

ii) Conocer en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos. (Literal e) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004). 

R/ Ante la situación planteada, dichos funcionarios pueden acudir a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad con el fin de poner en evidencia la omisión del cumplimiento de las funciones de dicho Cuerpo Colegiado. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar la Comisión Nacional del Servicio Civil conforme a las facultades conferidas constitucional y legalmente, particularmente lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 909 de 2004.

R/ El artículo 52 de la Ley 909 de 2004, establece la protección a los empleados de carrera desplazados por razones de violencia, en los siguientes términos:

“(…) Cuando por razones de violencia un empleado con derechos de carrera administrativa demuestre su condición de desplazado ante la autoridad competente, … la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenará su reubicación en una sede distinta a aquella donde se encuentre ubicado el cargo del cual es titular, o en otra entidad.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación con las respectivas entidades del Estado, promoverá la adopción de medidas tendientes a garantizar, en igualdad de oportunidades, las condiciones de acceso al servicio público, en empleos de carrera administrativa, a aquellos ciudadanos que posean discapacidades físicas, auditivas o visuales, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con su condición”

De igual manera, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.5.3.2. del decreto 1083 de 2015, la provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:

“(...)

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

(…)”

A su turno, en desarrollo de la Ley 387 del 18 de julio de 1997, complementada por la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, el Decreto N°. 2569 de 2000 creó y reglamentó el Registro Único de Población Desplazada –RUPD, instituyendo un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 30 de dicha Ley dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos Constitucionales.

R/ Debe tenerse en cuenta que aunque el desplazamiento por razones de violencia respecto de los empleados públicos, puede generar una vacancia temporal en el empleo del que es titular mientras es reubicado, este lapso no constituye abandono del cargo (de acuerdo al artículo 2.2.11.1.16 del Decreto 1083 de 2015) en la medida en que el servidor deja de concurrir al trabajo, por una causa justificada la fuerza mayor. Por tal razón, no es procedente  la declaratoria de insubsistencia del nombramiento. Así, una vez establecidas las condiciones que afectan la seguridad del servidor desplazado, se debe garantizar el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales  hasta tanto sea efectiva la protección del Estado, que haga cesar la situación de amenaza contra el derecho fundamental a la vida que pesa sobre aquél y que le impide desempeñar sus funciones.

R/ De acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 909 de 2004 y en la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, las condiciones para realizar la Reubicación de un Servidor Público con derechos de carrera en condiciones de desplazamiento por razones de violencia, los requisitos de procedencia son los siguientes:

  • Ostentar Derechos de Carrera Administrativa, y
  • Estar inscrito en el Registro Único de Victimas – RUV.

R/ La condición de servidor público con derechos de carrera administrativa se acredita por medio del Registro Público de Carrera Administrativa debidamente actualizado y el cual puede consultar en el siguiente enlace:

http://gestion.cnsc.gov.co/ConsultaAnotaciones/

R/ La entidad competente para llevar a cabo el proceso de inscripción en el Registro Único de Victimas el RUV es la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.

R/ El artículo 44 de la Ley 909 de 2004, establece los derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo, en el siguiente sentido:
“Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.”

La incorporación, es un derecho preferencial que ostentan los servidores públicos inscritos en la carrera administrativa, bajo el cual, ante la supresión de los empleos sobre los cuales son titulares por causas establecidas en la Ley, cuentan con el derecho a ser vinculados en empleos iguales o equivalentes en la nueva planta de personal de la entidad o de otra que haya asumido sus funciones, de ser esto posible.

De no ser posible incorporar al servidor, el Jefe de la Unidad de Personal de la entidad debe comunicar al empleado afectado con la supresión de esta circunstancia, indicando de manera clara y precisa las razones por las cuales no es posible la incorporación, así como informándole sobre la posibilidad de optar por la reincorporación o la indemnización. Ante ello, el ex servidor deberá manifestar su decisión frente a alguna de las dos alternativas señaladas, mediante escrito dirigido al jefe de la entidad u organismo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, según lo previsto por el artículo 30 del Decreto Ley 760 de 2005. Si no manifestare su decisión dentro de este término, se entenderá que opta por la indemnización.

Para su información, la reincorporación, es un derecho al cual puede optar un servidor público de carrera administrativa en el evento en que el cargo sobre el cual es titular haya sido suprimido por causas previstas en la Ley y no sea posible la incorporación por parte del nominador en la nueva planta de personal de la entidad a la que pertenecía el empleo o en otra, incluso, después de haberse surtido el proceso de reclamación ante la respectiva Comisión de Personal y, de ser el caso, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil en segunda instancia.

Es pertinente señalar, que un cargo es equivalente a otro cuando: (i) tiene asignadas funciones iguales o similares; (ii) para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares; y (iii) tengan una asignación básica mensual igual o superior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015.

R/ La incorporación cuenta con las siguientes características:
No es una potestad discrecional o facultativa, es una obligación del nominador, quien debe verificar desde el punto de vista efectivo y material la supresión del cargo y de ser así revisar si existe empleo igual o equivalente para mantener la vinculación laboral del empleado.

Puede darse de manera automática cuando el nominador evidencie que la supresión del empleo es formal, es decir, en la nueva planta sólo cambia su denominación, manteniéndose su contenido funcional incólume.
Tiene lugar en la nueva planta de empleos de la misma entidad pública en la que se encontraba vinculado el servidor con derechos de carrera.

La incorporación también tiene lugar en empleos de la planta de personal de la entidad pública que haya asumido las funciones de aquella a la que el servidor público pertenecía (en eventos como fusión, supresión, liquidación, escisión), siempre que se compruebe que los empleos sean iguales a los ocupados con anterioridad.

Se materializa de manera previa al retiro del servicio, pues se entiende que el nominador después de examinar la nueva planta de empleos no halló uno con condiciones iguales o equivalentes al suprimido, evento en que se configura el retiro.
El responsable de la Unidad de Personal debe expresar los motivos sustanciales por los cuales no fue procedente la incorporación de un servidor con derechos de carrera y comunicar al funcionario afectado, indicándole la posibilidad de elegir entre la reincorporación o la indemnización.

R/ De conformidad con lo dispuesto en la Circular N°. 003 del 10 de Marzo de 2011 “Por la cual se establece los requisitos y documentación exigida para dar inicio al procedimiento de reincorporación ante la CNSC”, en caso que el ex - empleado opte por la reincorporación, el Jefe de la entidad, en su calidad de autoridad nominadora, debe enviar la siguiente documentación a la CNSC para iniciar el trámite administrativo, en expediente individual por cada solicitante:

1. Oficio informando a la CNSC de la supresión del empleo, indicando que el ex – empleado ejerció el derecho a la reincorporación.

2. Copia del oficio mediante el cual se le comunicó la desvinculación del empleo.

3. Certificar que no hubo o no cursa reclamación por falta de incorporación en primera instancia ante la Comisión de Personal de la entidad. En caso de haber existido dicha reclamación, ésta debe encontrarse decidida en primera instancia y no estar impugnada ante la CNSC; para demostrarlo se remitirá copia del pronunciamiento respetivo que emita la Comisión de Personal.

4. Copia de la comunicación mediante la cual el ex - empleado manifestó la decisión de optar por la reincorporación dentro de los términos establecidos en el Decreto 760 de 2005.

5. Emitir certificación laboral estableciendo:

a. Constancia de la formación académica y del tiempo de experiencia (distinguiendo si es laboral, profesional o relacionada), de acuerdo con los antecedentes que reposen en la historia laboral del ex -empleado.

b. Señalar la dependencia donde se encontraba ubicado el empleo.

c. Informar datos personales como dirección y teléfono donde se pueda ubicar al ex-empleado.

d. Enviar copia del manual de funciones y competencias del respectivo empleo.

e. Certificación de la asignación salarial básica mensual recibida por el ex --empleado, con ocasión del empleo de carrera que ostentaba al momento de la supresión e indicar el año respectivo.

6. Allegar copia de la certificación o del acto administrativo que indique la inscripción en el Registro de Carrera Administrativa del ex - empleado que solicitó la reincorporación.

R/  La competencia para solicitar a la CNSC que adelante los trámites para la reincorporación con ocasión a la supresión de un empleo, la tiene la entidad en donde se suprimió el empleo, siempre que el servidor haya optado por ésta alternativa. En consecuencia una vez el servidor manifieste su decisión de optar por la reincorporación sobre la indemnización, ésta deberá ser remitida por la entidad a la CNSC junto con la documentación requerida en la Circular No. 003 de 2011 y sólo cuando esta se encuentre completa, comenzará a correr el término de seis (6) meses para revisar las posibilidades de su reincorporación, es decir, se iniciará el proceso de Reincorporación, teniendo en cuenta el término estipulado en el numeral 1º del artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005, situación descrita anteriormente.

R/ De conformidad con lo establecido en los literales e) y f) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 28 y 29 del Decreto Ley 760 de 2005, es competencia de la CNSC conformar, organizar y manejar el Banco de Datos de ex-servidores públicos con derechos de carrera, cuyos empleos hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser reincorporados; igualmente, es función de la Comisión Nacional del Servicio Civil remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, teniendo en cuenta la información que repose en el Banco de Datos referido inicialmente.

Por lo anterior, la competencia para determinar el empleo en el que debe ser reincorporado un servidor la tiene la CNSC, quien para determinarlo deberá seguir el orden dispuesto por el artículo 28 del Decreto Ley 760 de 2005.

R/ De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.7.4 del Decreto 1083 de 2015, al empleado inscrito en carrera administrativa que cambie de empleo por ascenso, traslado, incorporación, reincorporación, se le deberá actualizar su inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa, el cual puede consultar en el siguiente enlace:

http://gestion.cnsc.gov.co/ConsultaAnotaciones/

R/ Al respecto, el inciso tercero del artículo 2.2.11.2.1 del Decreto 1083 de 2015, dispone que “…De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado en el decreto ley el ex empleado tendrá derecho al reconocimiento de la indemnización y será retirado del Registro Público de Carrera”.

R/ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.11.2.5. del Decreto 1083 de 2015, “(…)El pago de la indemnización estará a cargo de la entidad que retira al empleado y deberá cancelarse en efectivo dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de liquidación de la misma. En caso de mora en el pago se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa variable de los depósitos a término fijo (DTF) que señale el Banco de la República, a partir de la fecha del acto de liquidación. (…)”

De igual manera el parágrafo del artículo en mención precisa “(…) Los valores cancelados por concepto de indemnización no constituyen factor para la liquidación de ningún beneficio laboral, pero son compatibles con el reconocimiento y el pago de las prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado retirado (…)”

Con todo lo anterior es necesario precisar que la indemnización de la que habla el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, no puede concurrir al mismo tiempo con los derechos de incorporación y reincorporación.

R/ Es la situación definida para aquellos empleos en los cuales no haya servidor público con derechos de carrera sobre los mismos, por tanto un empleo que esté siendo desempeñado transitoriamente mediante encargo o nombramiento provisional, se encuentra en vacancia definitiva, hasta tanto el empleo no sea provisto de manera definitiva a través de un concurso de méritos.

R/ De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015:
“Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:

a. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.

b. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

c. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

d. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad.

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá realizarse proceso de selección específico para la respectiva entidad.

Parágrafo 1. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Parágrafo 2. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical”.

 

El desmejoramiento laboral, se configura cuando existe una modificación o cambio desfavorable en las condiciones laborales de un servidor de carrera, ya sean de tipo económico, funcional, temporal, espacial entre otros.

R/ El mecanismo administrativo idóneo para solicitar el restablecimiento de las condiciones laborales, es la reclamación que debe ser interpuesta en primera instancia ante la Comisión de Personal de la Entidad respectiva, cuya decisión podrá ser revisada por la CNSC mediante reclamación en segunda instancia.

El titular del empleo público, podrá impetrar en oportunidad la reclamación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación, notificación o ejecución del acto lesivo de las condiciones laborales para el servidor público, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, presentando la reclamación laboral  ante la Comisión de Personal, con el fin que esta se pronuncie frente a la situación administrativa desfavorable derivada de la decisión de la administración que deterioró las condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe prestarse el servicio.

Notificada la decisión de primera instancia, el servidor público podrá acudir en reclamación de segunda instancia ante la CNSC, dentro de los diez (10) días siguientes a que conozca el pronunciamiento de la Comisión de Personal, siguiendo para ello el trámite contemplado en los artículo 47 y 48 del Acuerdo 512 de 2014 de la CNSC.

R/ Al respecto, conviene en primer lugar precisar que conforme lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, los derechos que les asiste a los servidores de carrera a quienes se les suprime el empleo del que son titulares, son el de incorporación en un empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización.

Así las cosas, en el caso de presentarse una inconformidad por parte del servidor que se ha visto afectado con la supresión de su empleo ya sea porque no fue incorporado, existiendo en su criterio un empleo en el que sea posible su incorporación en la nueva planta de personal o porque no obstante haber sido incorporado, encuentra desmejoradas sus condiciones laborales por efecto de ésta, podrá interponer reclamación en primera instancia ante la Comisión de Personal, dentro de los cinco (5) días siguientes a que le fue notificada la comunicación de la supresión del cargo.

La Comisión de Personal deberá adoptar una decisión mediante Acto Administrativo motivado, en un término no superior a ocho (8) días hábiles siguientes al recibo de la reclamación.

Contra la decisión de la Comisión de Personal procede el recurso de apelación, el que deberá interponerse por el interesado dentro de los diez (10) días siguientes a que le sea notificada la decisión de primera instancia.

R/  El empleado de carrera que considere afectado su derecho a encargo, cuenta con diez (10) días hábiles a partir de haberse producido la publicidad del Acto presuntamente lesivo (acto administrativo de nombramiento de otro servidor -por encargo o nombramiento provisional- en el empleo objeto del estudio respectivo), para interponer reclamación en primera instancia ante la Comisión de Personal.

Sí el servidor se encuentra insatisfecho con el pronunciamiento otorgado a su reclamación, podrá valerse de la reclamación en segunda instancia ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, la que deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a que le sea notificada la decisión de primera instancia, siguiendo para el efecto el procedimiento contemplado en el inciso segundo, artículo 43 del Acuerdo 512 de 2014 de la CNSC.

Respecto a las reclamaciones por presunta violación al derecho preferencial a encargo, conviene aclarar que ésta sólo procede frente a la existencia de una Acto Lesivo, entendido éste como aquel Acto Administrativo a través del cual la administración provee el empleo mediante encargo o nombramiento provisional, existiendo presuntamente para el reclamante mejor derecho. Así las cosas, no procederá reclamación frente a los actos administrativos de trámite que la Entidad profiera antes de expedir el referido Acto Lesivo.

R/ No, la reclamación laboral por derecho preferencial a encargo sólo procede frente al Acto Administrativo inicial por el que se provee el empleo, pero no respecto de aquellos que prorrogan una situación administrativa ya consolidada.

R/  No, conforme a las precisas funciones asignadas a la Comisión de Personal en relación con los asuntos que conocerá en reclamación, no le fue atribuida ninguna relacionada con las modificaciones a los Manuales de Funciones, pues ésta es producto de la autonomía de la administración, quien debe responder por su adecuado ejercicio, observando los procedimientos legales e institucionales adoptados por la propia entidad; luego no es a la Comisión de Personal a la que le conocer respecto a dichas situaciones.

 

R/ Sea lo primero indicar, que la Ley 909 de 2004 incluyó a la Comisión de Personal  como uno de los Órganos de dirección y gestión del empleo público, convirtiéndola en garante de la observancia y correcta aplicación de las normas de carrera administrativa, en dicho contexto, el parágrafo 1º literal b) del artículo 9º del Acuerdo No. 137 de 2010 de la CNSC,  radicó en su cabeza la competencia para conocer en única instancia de las  reclamaciones que pudieren surgir por la inconformidad en la fijación de compromisos laborales, en tal sentido dispuso:

“(…) El servidor inconforme con los compromisos fijados, ante la imposibilidad de cumplirlos, podrá presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fijación, reclamación en única instancia ante la comisión de personal de la entidad.

La comisión de personal determinará si los compromisos son realizables o no, lo cual deberá definirse en un plazo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de radicación de la reclamación, documentación que debe formar parte integral de los soportes de la evaluación.

Si prospera la reclamación hecha por el servidor, el evaluador deberá ajustar los compromisos. Si la decisión es contraria al reclamante, este deberá asumir el cumplimiento de los mismos en los términos y condiciones previamente establecidas.

En todo caso la presentación de reclamación y su trámite no suspenden el desarrollo de los compromisos fijados ni el período de prueba (…)” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Por lo tanto, si un servidor de carrera administrativa se encuentra en desacuerdo con la fijación de compromisos laborales llevada a cabo dentro del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, deberá presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, reclamación por escrito ante la Comisión de Personal de la Entidad donde se encuentre vinculado, órgano que en el término de diez (10) días calendario deberá estudiar y decidir sobre la misma; una vez agotada esta instancia y si la decisión del organismo colegiado es que los compromisos fijados son realizables y conformes al manual de funciones, el servidor deberá cumplirlos.

R/ No, los asuntos frente a los cuales la Comisión de Personal es competente para conocer una reclamación en primera instancia, están contemplados en el literal e), numeral 2º, artículo 16 de la Ley 909 de 2004, que en su literalidad dispone:

“e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos; (…)”

Asuntos frente a los cuales es competente la CNSC para conocer la reclamación en segunda instancia, conforme lo dispuesto en literal d), artículo 12 de la Ley 909 de 2004.

Aunado a lo expuesto, es pertinente aclarar que los servidores de carrera que no estén conformes con el resultado de su Evaluación del Desempeño Laboral definitiva, podrán presentar los recursos de reposición y de apelación, si es del caso, en los términos del CPACA, conforme lo establece el inciso tercero del artículo 38 de la Ley 909 de 2004, que establece:

“Sobre la evaluación definitiva del desempeño procederá el recurso de reposición y de apelación.”

R/  No, conforme a las precisas funciones asignadas a la Comisión de Personal en relación con los asuntos que conocerá en reclamación, no le fue atribuida ninguna relacionada con la comisión para el desempeño de empleo de libre nombramiento y remoción (LNyR) o período.

Al respecto, conviene precisar que el derecho que le asiste al servidor de carrera no es el de ser nombrado en el empleo de libre nombramiento y remoción que se encuentre vacante, sino que se le otorgue la comisión para que éste, luego que haya sido designado por el nominador en ejercicio de su autonomía y siempre que cuente con evaluación del desempeño laboral sobresaliente (vigente y ordinaria), lo pueda desempeñar sin perder los derechos de carrera administrativa.

No obstante, el servidor de carrera que encuentre vulnerado su derecho de acceder a una comisión para el desempeñar empleo de LNyR o período, podrá presentar ante la CNSC una queja, reclamo o petición escrita, para que ésta en ejercicio de sus facultades como máxima autoridad en la vigilancia de la carrera administrativa, realice la investigación a que haya lugar y adopte las medidas que considere pertinentes.

 

R/   El derecho preferencial de encargo nace a la vida jurídica, cuando habiendo un empleo vacante temporal o definitivamente, la Administración decide proveerlo de manera transitoria, siendo en consecuencia potestativo y de la autonomía de la Administración, la decisión de proveer dicha vacante, antes que se realice el concurso de méritos para proveerla definitivamente, en caso de una vacante definitiva, o que el titular del empleo regrese a desempeñarlo, en caso de las vacantes transitorias.

Una vez la Entidad determina la necesidad de proveer el empleo transitoriamente, nace para los servidores de carrera el derecho preferencial a ser encargados, siempre que cumplan con los requisitos determinados en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, debiendo en consecuencia la Entidad, proceder a verificar en su planta, en cuál de sus servidores recae tal prerrogativa. 

R/    Cuando se trate de la provisión de empleos de carrera, tienen derecho a ser encargados los servidores de carrera que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 24 de la Ley 909. Por consiguiente a los empleados provisionales, o de libre nombramiento y remoción no les asiste el derecho a ser encargados en este tipo de empleos.

R/ Únicamente son los contemplados en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, son los siguientes:

a) Ser un servidor de carrera.

b) Encontrarse desempeñando en titularidad el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente.

c) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia contenidos en el Manual de Funciones vigente para la fecha de provisión del empleo.

d) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar.

e) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año y;

f) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente (vigente y ordinaria). 

R/  Si, para lo cual debe precisarse que cuando deba proveerse un empleo en vacancia definitiva o transitoria, la Administración deberá dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; así las cosas es su deber verificar en su planta de personal en qué servidor de carrera recae el derecho preferencial que en todo caso será aquel que cumpla con los requisitos contemplados en la referida norma, sin que para ello sea óbice que un servidor esté encargado en otro empleo, debiendo tener claridad que en este caso, se ha de entender como empleo inmediatamente inferior aquel respecto del cual el servidor ostenta derechos de carrera y no frente al que desempeña en encargo.

R/ Sí, puede solicitarlo, sin embargo es de aclarar sobre el particular que la decisión de proveer o no transitoriamente un empleo es de la autonomía de la Administración, quien tiene la potestad de decidir de acuerdo a las necesidades del servicio, si provee o no transitoriamente un empleo mediante el encargo o excepcionalmente a través del nombramiento provisional.

Así mismo, es pertinente aclarar que la solicitud efectuada no otorga al servidor per se, el derecho a ser encargado, debiendo la Administración observar y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2014, esto es, verificar en su planta de personal en qué servidor recae el derecho preferencial a ser encargado; en consecuencia, el derecho preferencial a encargo en cabeza de un servidor, no dependerá ni de su postulación, ni de la voluntad del nominador, sino del cumplimiento de los requisitos contenidos en la referida norma.

R/ La Ley no previó expresamente cuales son las causales de terminación de un encargo, por lo que ante tal vacío, por analogía se predican las mismas contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que sean aplicables al caso concreto, así como la provisión definitiva del empleo a través de los órdenes contenidos en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto No. 1083 de 2015.

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, "Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados"

R/ El nombramiento transitorio en encargo o nombramiento provisional producto de la vacancia temporal seguirá por el término que se haya dispuesto en el Acto Administrativo de designación, una vez culminado el mismo es potestad de la entidad prorrogar la designación o terminarla para verificar el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 

Al respecto, es pertinente aclarar que el Manual de Funciones y Competencias Laborales, se configura como un instrumento de la administración donde se establecen las funciones, competencias laborales y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal, siendo un asunto de orden administrativo, cuya modificación depende de la potestad de la Entidad, atendiendo las disposiciones normativas que regulan la materia.

Ahora, el encargo como forma de provisión transitoria de los empleos que se encuentran en vacancia temporal o definitiva, por su naturaleza, no genera en cabeza del servidor que está ejerciéndolo, derechos de carrera, es así que la Entidad no tiene al respecto ninguna restricción para modificar el manual de funciones y, en consecuencia, dar por terminado el encargo o no prorrogarlo si es del caso, si encuentran que el servidor que lo desempeña no cumple con los requisitos.

R/ Si, para proveer transitoriamente un empleo, la entidad deberá verificar el cumplimiento de requisitos del servidor con el que los proveerá, teniendo para ello como parámetro el manual de funciones vigente.

Lo anterior habida cuenta que conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.5.4.1, literal a) del Decreto 1083 de 2015, para el ejercicio de un empleo se requiere, entre otros, reunir los requisitos que se exijan para su desempeño, pudiendo revocarse el nombramiento, cuando éste se haya producido sin el cumplimiento de los requisitos.

R/  Al respecto es claro los requisitos fijados por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, a saber:

“(…) Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente (…)” (Marcación Intencional).

Por lo tanto, para tener derecho al encargo es necesario que el servidor de carrera, administrativa, atendiendo el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el artículo 24 de la norma ibídem, acredite que alcanzó el nivel sobresaliente en su última Evaluación del Desempeño Laboral, es decir el resultado a tener en cuenta es el obtenido en el último periodo anual anterior a la fecha de provisión del empleo.

R/ De acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1. del Decreto 1083 de 2015, se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento.

R/ Conforme lo dispuesto por el Consejo de Estado bajo Sentencia 11001-03-06-000-2011-00042-00(2105) del 16 de agosto de 2012:

“(…) Desde el punto de vista del cargo, la esencia del empleo temporal está en su transitoriedad, de lo cual se derivan otras diversas consecuencias, tales como: (i) no crea una vinculación definitiva con el Estado; (ii) no genera derechos de carrera administrativa; y (iii) está circunscrito exclusivamente a las labores para las cuales fue creado. De este modo, vencido el plazo de duración del empleo temporal, se extingue la relación funcionarial con la Administración.  Se trata por tanto de un vínculo precario, que por su naturaleza no alcanza el mismo grado de protección de un empleo de carrera administrativa, bajo el cual surge una relación indefinida que sólo puede terminar por las causas establecidas por la ley. (…)” (Marcación intencional)

R/ El numeral tercero del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso a los empleos de carácter temporal se efectúa con base en las Listas de Elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente.  

Al respecto, la Corte Constitucional en el numeral 3.6.3.1 de la Sentencia C-288 de 2014, indicó: 

“(…) El numeral 3º del artículo 21 de la Ley 909 de 2004 exige la aplicación de las listas de elegibles para la provisión de los empleos temporales, procedimiento que resulta fundamental para garantizar el principio constitucional del mérito y además otorga una solución eficaz para la provisión de estos cargos.

Según lo dispuesto en el literal e) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, la entidad encargada de conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles y de remitir a las entidades las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Si bien los empleos temporales no son de carrera administrativa, las listas que deben utilizarse para la provisión de estos empleos son las de la carrera administrativa, por lo cual las mismas deberán solicitarse a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Por lo anterior, para la provisión de los empleos temporales los nominadores deberán solicitar las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil anexando como mínimo la información exigida en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 para el diseño del empleo, es decir:

“a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales”. (…)”

Con fundamento en la posición decantada por la Corte Constitucional, la CNSC profirió la Circular No. 005 de 2014, informado a los Representantes Legales y Jefes de Unidades de Personal de entidades del Sistema General de Carrera, de los Sistemas Específicos y de los Sistemas Especiales a los que por orden de la Ley se les aplican transitoriamente la Ley 909 de 2004, que la Comisión Nacional del Servicio Civil ejercería las funciones de vigilancia conferidas en el artículo 12 de la Ley 909 de 2004 respecto del cumplimiento del orden que para la provisión de los empleos temporales estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C- 288 de 2014, precisando para ello lo siguiente: “(…) más no frente a la determinación del derecho particular y concreto que le asista a un servidor con derechos de carrera, dado que ello corresponde a cada entidad. (…)”

R/ Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con lo resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C-288 de 2014, que declaró exequible en forma condicionada la norma en mención, los nombramientos en los empleos de carácter temporal se deberán efectuar bajo los siguientes presupuestos:

(i) Para la provisión de los empleos temporales los nominadores deberán solicitar las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil anexando como mínimo la información exigida en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004.

(ii) En caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el cargo y trabajen en la misma entidad.

(iii) Se deberá garantizar la libre concurrencia en el proceso a través de la publicación de una convocatoria para la provisión del empleo temporal en la página web de la entidad con suficiente anticipación.

(iv) El procedimiento de selección para los empleos temporales deberá tener en cuenta exclusivamente factores objetivos como: el grado de estudios, la puntuación obtenida en evaluaciones de Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar. (…)” 

R/ La CNSC a través de la Circular 005 de 2014, en relación con el segundo orden definido por la Corte Constitucional, determinó lo siguiente: 

“(…) Resulta que el pronunciamiento de la Corte Constitucional a criterio de la CNSC, no corresponde a una de las situaciones administrativas de las regladas por la ley, sino por el contrario hace referencia a una figura "sui generis" e innominada que pretende salvaguardar el mérito como valor constitucional para la provisión de los empleos temporales, al tiempo que al ser una decisión adoptada por la Corte adquiere fuerza vinculante y por tanto resulta imperativo dar estricto cumplimiento a lo allí ordenado, cuando se pretenda adelantar el procedimiento para la provisión de empleos temporales.

Bajo esta perspectiva, y toda vez que la Corte Constitucional a través de la Sentencia plurimencionada previo la posibilidad para los servidores de carrera de separarse temporalmente del empleo que ostentan en titularidad para desempeñar un empleo temporal,  como quedó anotado anteriormente, ello no implicará de manera alguna la pérdida de los derechos de carrera de los servidores que asuman su desempeño, comoquiera que el máximo Tribunal Constitucional permitió la provisión de los empleos de ésta forma siempre que no existan listas de elegibles con las que se puedan proveer, sin que pueda afirmarse que la situación administrativa que les permite la separación temporal de su empleo, sea la figura del encargo o de la comisión, sino que será un nombramiento de un servidor de carrera en un empleo temporal que se realizará conforme al orden de provisión de empleos temporales que la Corte Constitucional incorporó al artículo 21 de la Ley 909 de 2004 a través de la Sentencia C-288 de 2014, mismo que no requerirá autorización de la CNSC, pero si el pronunciamiento previo frente a la inexistencia de Listas de Elegibles para proveer tales empleos. (…)”  

R/ La Comisión Nacional del Servicio Civil en sesiones de Sala Plena del 21 y 28 de octubre de 2014, determinó lo siguiente: 

“(…) Las entidades con plantas temporales aprobadas y prorrogadas en el tiempo, deberán antes de la entrada en vigencia de la prórroga de la misma, solicitar a la CNSC la autorización para proveer dichos empleo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004. La solicitud incluirá aquellos empleos que hayan sido provistos mediante listas de elegibles, como quiera que la misma puede haber perdido vigencia, entre la planta inicial y la prórroga o pueden haber variado las condiciones de dicho elegible, razón por la cual, frente a la prórroga de la planta temporal se requiere comunicación previa antes de materializar cualquier nuevo nombramiento. (…)”

En virtud de lo expuesto, las prórrogas de las plantas temporales que efectúen las Entidades, no implican una prórroga inmediata de los nombramiento que en ellas se hubieren efectuado, debiendo en consecuencia la Entidad, antes que entre en vigencia la prórroga, agotar el procedimiento de provisión de empleos temporales señalado en la Sentencia C-288 de 2014.

R/ De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.4. del Decreto 1083 de 2015, quienes ejercen empleos temporales, no pueden ser objeto de movimiento dentro de la planta de personal que conlleve ejercicio de funciones distintas a las desempeñadas en el empleo temporal que ejerce dicho funcionario.

R/ A través del pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-288 de 2014, se definieron los parámetros conforme con los cuales deben proveerse los empleos temporales que contengan las Entidades Públicas, esto en garantía del principio constitucional del mérito, indicando para ello que dicho procedimiento debía ajustarse en los siguientes términos: 

a) Listas de Elegibles vigentes que administre la Comisión Nacional del Servicio Civil, previa autorización otorgada por ésta, cuya solicitud se tramitará siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004. 

b) Ante la ausencia de lista de elegibles declarada por la CNSC, la entidad deberá dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el empleo y trabajen en la misma entidad. 

c) Garantizar la libre concurrencia en el proceso a través de la publicación de una convocatoria para la provisión del empleo temporal en la página web de la entidad con suficiente anticipación. 

Bajo este derrotero,  la provisión transitoria de empleos de carácter temporal con servidores de carrera administrativa no implica per se la perdida de sus derechos, como quiera que, la Corte Constitucional a través del pronunciamiento realizado en mentada sentencia permitió la provisión de los empleos temporales de esta forma, siempre que no existan listas de elegibles con las que se puedan proveer.

R/ La Sala Plena de Comisionados, en sesiones de comisión realizadas los días 21 y 28 de octubre de 2014, frente al cuestionamiento tendiente a determinar que los servidores de carrera que se desempeñan en un empleo temporal, deben ser evaluados, señaló: 

“(…) Frente a la provisión de empleos temporales con servidores de carrera administrativa, cuando se dé cumplimiento a la Sentencia C-288 de 2014, dicho servidor no será objeto de evaluación del desempeño laboral durante el tiempo que va a ocupar un empleo temporal, en tanto no es un empleo de carrera administrativa y solo podrá ser objeto de derechos de carrera administrativa cuando el referido servidor, retorne a su empleo titular. (…)”  

R/ Para resolver el presente interrogante, conviene traer a colación algunos apartes del pronunciamiento realizado por la CNSC a través del Criterio Unificado adoptado en sesiones de fecha 21 y 28 de octubre de 2014, en el cual precisó: 

“(…) De igual manera, se precisa que ni las Comisiones de Personal, ni la Comisión Nacional del Servicio Civil, son competentes para resolver cualquier tipo de actuación administrativa que pueda surgir durante el tiempo que el servidor de carrera administrativa está desempeñando un empleo temporal. 

Lo anterior, habida cuenta que no se trata de un empleo de carrera administrativa sino de un empleo temporal. (…)”

R/ Las evaluaciones parciales semestrales corresponden a un porcentaje de avance frente al 100% establecido al inicio del período de evaluación, de tal manera que cada una de éstas se realizará proporcionalmente al tiempo establecido para ello, es decir un 50% aproximadamente. 

R/ Con base en los resultados alcanzados en el período de evaluación y una vez consolidada la calificación definitiva, siempre y cuando alcance como mínimo el 95% de cumplimiento de los compromisos laborales fijados, es posible que el funcionario acceda al nivel sobresaliente con el cumplimiento de por lo menos dos (2) factores de acceso previamente adoptados por la entidad mediante Acto Administrativo. 

Es importante señalar que el cumplimiento de los compromisos laborales por sí solo no garantiza la obtención de una calificación sobresaliente, por tanto el evaluado deberá exceder su propia expectativa y documentar las gestiones de su desempeño para que de una manera objetiva e imparcial, la valoración del desempeño laboral pueda ser catalogada como sobresaliente.  En caso contrario, la calificación se limitará al nivel satisfactorio o destacado según el porcentaje de cumplimiento alcanzado.

R/ No, en el  procedimiento establecido para el otorgamiento de encargos, se debe tener en cuenta la última evaluación definitiva del desempeño laboral, esto es, la correspondiente al período de evaluación anual u ordinario (Febrero 1° a Enero 31 del año siguiente)  en firme;  como quiera que las evaluaciones parciales semestrales hacen referencia a un porcentaje de avance frente a los compromisos fijados al inicio del período que deberán ser sumadas para obtener así el resultado definitivo de la evaluación. 

R/ Quienes estén desempeñando sus empleos en comisión de servicios en otra entidad serán evaluados y calificados por la entidad en la cual se encuentran en comisión, con base en el sistema que rija para la entidad en donde se encuentran vinculados en forma permanente. Esta evaluación será remitida a la entidad de origen (Artículo 2.2.8.1.11 del Decreto 1083 de 2015).

R/ Si. Aun cuando los formatos se encuentran desactualizados, la evaluación definitiva del desempeño laboral queda en firme en la diligencia de notificación, si transcurridos los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma no se interpusieron recursos, o en el momento en que sean resueltos éstos. 

Así las cosas, la EDL en firme se constituye en un Acto Administrativo Ejecutoriado, por lo cual cuenta con toda validez. 

Ahora bien, la entidad debe como acción de mejora en cabeza de la Unidad de Personal o quien haga sus veces, debe asegurar la disponibilidad de los formatos actualizados para el período de evaluación vigente. 

En el caso de las evaluaciones parciales semestrales, al detectar el error, se debe migrar la información correspondiente a los formatos actualizados.

R/ Si, el Acuerdo 176 de 2012 modifica solamente lo concerniente a la metodología para la calificación de los compromisos comportamentales, más no  en su aplicación, por lo tanto éstos deben ser fijados en la primera fase de la evaluación junto con los compromisos laborales, haciendo énfasis en que no son calificables sino evaluables en términos de fortaleza o aspectos a corregir que conlleven al desarrollo de las competencias necesarias para el cumplimiento de los compromisos laborales y por ende mejorar el desempeño  del servidor. 

En consecuencia,  todas las entidades incluirán para la evaluación del desempeño compromisos laborales y comportamentales, éstos últimos, serán valorados con fines ligados a planes de mejoramiento del empleado e institucionales; por tanto, su evaluación no incidirá en la calificación de servicios del empleado hasta que se cuente con los estándares que permitan su valoración objetiva.

R/ Los compromisos laborales y comportamentales en un período de prueba, se deben fijar dentro de los 10 días calendario siguientes a la posesión del servidor público y en el período anual u ordinario, estos deben ser fijados entre el 1° y el 15 de febrero de cada año.

R/ En la evaluación anual u ordinaria, para fijar los compromisos laborales, evaluador y evaluado deben conocer los planes institucionales (Estratégico, operativo), el propósito principal del empleo que se ejerce en titularidad o si está desempeñando un empleo a través de la figura del encargo, se deben fijar los compromisos de acuerdo al propósito principal de este empleo, junto con los demás ya mencionados.

Para el período de prueba se tendrá en cuenta el propósito principal del empleo y las funciones señaladas en la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- para el empleo al cual concursó.

R/ Evidencia es el soporte que da cuenta rápidamente del resultado, producto o servicio desarrollado por el evaluado con relación a los compromisos acordados.

R/ Corresponde al evaluador el registro y archivo del portafolio de evidencias. No obstante tanto evaluado como evaluador podrán anexar evidencias del cumplimiento y no cumplimiento de los compromisos fijados. También terceros que participen en el proceso podrán aportas las respectivas pruebas.

R/ La evaluación de los servidores públicos vinculados mediante un nombramiento provisional, resulta procedente siempre y cuando se desarrolle a través de instrumentos diseñados por la entidad para tal fin, esta evaluación deberá generarse como política institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad. 

En este sentido, resulta del caso mencionar que, si bien la Administración considera pertinente podrá tomar como referente los formatos establecidos por esta Comisión Nacional a través del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral y, deberá establecer de manera expresa que la misma no generará derechos de carrera, los privilegios que la ley establece para los servidores que ostentan esta condición, ni el acceso a los incentivos previstos en la entidad para los servidores escalafonados.

R/ Teniendo en cuenta que la asignación de las funciones de coordinación se relaciona con la competencia de los servidores para ejercer este tipo de roles, es frecuente encontrar equipos liderados por servidores de grados o niveles inferiores al de los integrantes del equipo conformado, en este sentido, resulta del caso precisar que en todo caso para habilitarse como evaluador dentro del proceso a través de la conformación de la comisión evaluadora, el coordinador o líder de grupo deberá ostentar un empleo igual o superior al de los servidores a su cargo.

Así las cosas, sí  los coordinadores son de grado o nivel inferior a los servidores sujetos de evaluación, tal situación, les hace conocedores del desempeño y calidad del trabajo de sus colaboradores, pero no habilita por sí misma, la posibilidad de ejercer como evaluadores de los servidores a su cargo. En tal medida, la responsabilidad del evaluador deberá recaer en los superiores jerárquicos formalmente establecidos, en tanto, los coordinadores de grado o nivel inferior se constituirán en terceros dentro del proceso aportando las evidencias de desempeño que permitan sustentar de manera objetiva los niveles de cumplimiento o incumplimiento de los evaluados.

R/ Cuando no se emita el Acto Administrativo que defina los factores de acceso al nivel sobresaliente por parte de la Entidad, el evaluado podrá acreditar cualquiera de los factores establecidos por esta Comisión Nacional a través del Acuerdo No. 137 de 2010, en los términos establecidos en el parágrafo de su artículo 4.2.2.  En este sentido, si el servidor público cuenta con el registro de evidencias que permitan documentar la existencia de aportes adicionales con miras a la posibilidad de acceder al nivel sobresaliente, se determinará el factor de cumplimiento. 

No obstante lo anterior, el servidor público que tenga conocimiento de esta u otra irregularidad en el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, deberá informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia. 

R/   La naturaleza del empleo de carrera administrativa, es diferente al empleo de naturaleza gerencial; para el efecto, los primeros son evaluados con los instrumentos diseñados por la CNSC, esto es Sistema Tipo (Acuerdo 137 de 2010), y los segundos deben ser evaluados a partir de los acuerdos de gestión. Lo anterior, no permite la ponderación o unificación de un solo instrumento cuando se presente  la figura del encargo. En tal sentido se deberá realizar una evaluación parcial eventual, con corte a la fecha en que el empleado de carrera se separa de su cargo titular para desempeñar el encargo en el empleo de naturaleza gerencial, período en el cual será evaluado bajo los parámetros del acuerdo de gestión. Superado el término del encargo (que no puede ser superior a 3 meses), el empleado de carrera administrativa deberá volver a su empleo titular, en el que se seguirá evaluando bajo los criterios y compromisos iniciales; finalizado el período de evaluación correspondiente, se tendrá para la ponderación del resultado final, los días efectivamente laborados por el empleado de carrera, en el empleo titular, sin promediar los días en que desempeñó el empleo de naturaleza gerencial a título de encargo. 

R/    En el presente caso, es indispensable presentar los dos escenarios posibles así:  Si el cambio de jefe inmediato o evaluador se presenta dentro de los 30 días siguientes al inicio del período de evaluación anual o fijación de compromisos laborales, el tiempo transcurrido deberá sumarse al período de evaluación, sin necesidad de cortes o evaluaciones parciales eventuales, pero si el cambio de jefe inmediato se presenta con posterioridad a los primeros 30 días de iniciado el período de evaluación, se deberá realizar una evaluación parcial eventual, por el tiempo transcurrido. Para ambos casos es procedente, si el nuevo evaluador lo considera pertinente, realizar modificación y ajuste de los compromisos laborales, en atención a lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 10 del Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC.

R/     En concordancia con lo establecido en el numeral 4.2.3 del artículo 4° del  Acuerdo 137 de 2010 “Los formatos definidos para el Sistema Tipo, serán los aprobados por la Comisión Nacional del Servicio Civil los cuales hacen parte integral del Acuerdo y su aplicación debe efectuarse en cumplimiento a las directrices y mecanismos adoptados por ésta Comisión.” Por lo tanto no pueden ser modificados. 

El único ajuste posible corresponde a la inclusión del logo de la entidad y la adición de filas para la fijación de compromisos laborales.

 

R/      El jefe inmediato que actúa como evaluador entrante  debe retomar ese tiempo y con base en el portafolio de evidencias debe hacer la EDL de los empleados a su cargo. Si  el término durante el cual la dependencia se encuentra sin Jefe Inmediato es superior a 30 días, le corresponde al Superior Jerárquico realizar dicha evaluación basado en el portafolio de evidencias, acopiado por el evaluado. 

R/       No, Al  no  fijar los compromisos laborales y comportamentales en el tiempo establecido para ello (1 al 15 de febrero) se considera porcentaje mínimo satisfactorio proporcional para el primer semestre, esto es 33%, y se deben fijar los compromisos para el segundo semestre sobre el 50% restante. Esto teniendo en cuenta que el porcentaje mínimo satisfactorio en la escala de calificación corresponde a 66% para el período anual u ordinario (360 días),  por lo tanto para el semestre (180 días) se considera el 33%.

El resultado definitivo de la evaluación del desempeño será la sumatoria del resultado obtenido en los dos semestres (33% + % alcanzado II semestre).

R/        No, el Acto Administrativo  por el cual se resuelve el Recurso, suple el formato, allí se indica la calificación en firme.

R/         Si el período faltante para culminar el período de prueba es menor a 20 días, desde el retiro del evaluador, éste debe evaluar con base en el portafolio de evidencias hasta la fecha de culminación del periodo de prueba sin que sea necesario efectuar una evaluación parcial, veinte días o menos restantes; es decir, hace una evaluación y calificación extensiva a la fecha de finalización soportado en las evidencias acopiadas durante todo el período, aclarando que dicho resultado tiene validez y vigencia a partir de la fecha de culminación del periodo de prueba. Si el término para culminar el período de prueba es mayor a 20 días contados a partir del retiro del evaluador, el jefe inmediato (evaluador) que ingresa debe hacer una evaluación parcial eventual por el término hasta la fecha de culminación del período de prueba, teniendo en cuenta igualmente las evidencias acopiadas, que debe ser sumada a las demás  evaluaciones eventuales realizadas durante  el periodo de prueba para obtener así la calificación definitiva.  (Situación frecuente en el cambio de administración en las entidades territoriales cada cuatrienio)

R/          No, los compromisos laborales dan cuenta del cómo se van a desarrollar tanto  el propósito del empleo como las funciones orientados al cumplimiento de las metas institucionales,  del área o la dependencia,  por lo cual el jefe inmediato y el evaluado deben al establecer los compromisos definir a qué meta (s) se aportará con el cumplimiento de éstos.  

R/           La calificación del período de prueba garantiza el ingreso a carrera administrativa y la adquisición de los derechos inherentes a ella, por lo tanto si la  evaluación del período de prueba resultare satisfactoria, el lapso comprendido entre la fecha de dicha evaluación y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente constituirá un nuevo período de evaluación anual u ordinario. Para lo cual se deben fijar nuevamente compromisos laborales y comportamentales teniendo en cuenta el propósito principal y las funciones del empleo así como las metas del área o la dependencia a la (s) cual (es) se contribuirá con el cumplimiento de los compromisos. Durante este período se podrán realizar las evaluaciones parciales eventuales a que hubiere lugar.

R/ No, las  evaluaciones parciales semestrales y las calificaciones definitivas del desempeño laboral deben reposar en la historia laboral de cada servidor público, por lo que no es necesaria su remisión a la  Comisión Nacional del Servicio Civil. 

R/ No. La solicitud se deberá formular de manera irrestricta por el Jefe de Personal o quien cumpla sus veces en la entidad donde el servidor público presta sus servicios, de conformidad con lo señalado por los artículos 2.2.7.3  y 2.2.7.6 del Decreto 1083 de 2015.

R/ No. La vinculación en provisionalidad con la administración pública, no otorga derechos de carrera administrativa, ya que la única forma de acceso al empleo público en carrera administrativa, es a través de un concurso de méritos y la superación satisfactoria de todas las etapas que lo componen, al final de las cuales se realiza la inscripción y/o actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política y el 27 de la Ley 909 de 2004.

R/  Los documentos exigidos en la Circular son los requisitos para adelantar las anotaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa - RPCA. Para subsanar alguno de ellos hay que analizar cada solicitud en particular, observando la situación que no permite el envió efectivo de los documentos. 

R/  Las anotaciones efectuadas en el RPCA, no se formalizan únicamente por medio de actos administrativos, sino que muchas de ellas provienen de la decisión adoptada por la sala plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las cuales quedan contenidas en un acta de sesión, que sirve de sustento para adelantar las respectivas anotaciones.

R/ El artículo 2.2.7.6 del Decreto 1083 de 2015 establece que se considera que un servidor público adquirió derechos de carrera administrativa en el momento en que superó con calificación satisfactoria el período de prueba, aun cuando no se encuentre inscrito en el registro. En ese sentido la anotación de inscripción en el registro público de carrera administrativa es la declaración de que el derecho de carrera administrativa está en cabeza del servidor público desde que éste superó el período de prueba.

Las anotaciones surtidas en el RPCA pueden ser objeto de consulta en la página Web de la CNSC y efectuar la descarga de la constancia que relaciona la información de un servidor en particular. Contar con la constancia del RPCA, sirve de soporte para evidenciar las variaciones en el estatus del servidor en la carrera administrativa.

R/ En garantía del principio de la buena fe constitucional que se presume de los ciudadanos, la confianza legítima que les asiste y de la evidente imposibilidad que representa para los servidores  participar en las modificaciones realizadas a su empleo por la entidad, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha permitido de manera excepcional la inscripción de los servidores públicos en un empleo modificado, previa superación de un concurso de méritos y período de prueba, sólo cuando la modificación del empleo tenga las siguientes características:

(i) Que la modificación esté contenida en un acto general debidamente motivado, 

(ii) Que el empleo no haya sufrido una variación en su perfil ni en los requisitos reportados en la OPEC y que no se haya disminuido el salario ni desmejorado las condiciones laborales.

Para el tratamiento de estas solicitudes se ha dispuesto que las entidades, además de los requisitos contemplados en la Circular 07 de 2012, remitan los siguientes soportes:

  • Certificar las causas de la modificación realizada. 
  • Acto administrativo de constitución de la planta de cargos de la entidad, con las modificaciones surtidas. 
  • Certificación de si se reportó a la OPEC las modificaciones realizadas al cargo convocado, en caso negativo explicar porque no se realizó el reporte. 
  • Salarios del empleo convocado y en el cual superó el período de prueba la servidora  pública a partir del 2008 hasta la fecha. 
  • Aparte del Manual Específico de Funciones y Requisitos del empleo en el cual superó el período de prueba el servidor público"

R/  Para el caso de las solicitudes de actualización del RPCA se requiere estudio de equivalencia cuando se trate de una actualización por incorporación o reincorporación que haya implicado cambio de nivel jerárquico. En este sentido se hace necesario que a la solicitud se anexe el soporte normativo que así lo permitió, realizando el correspondiente estudio de equivalencia entre funciones, requisitos y salarios entre el empleo en que se encuentra inscrito el servidor público y cada uno de los empleos en que fue incorporado o reincorporado, atendiendo a lo establecido en la Circular 07 de 2012. 

El estudio de equivalencia de empleos es necesario cuando en una actualización se presente un cambio en el nivel del empleo y de igual forma cuando se presentan inconsistencias que no permiten evidenciar la  actualización acogiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

R/  Sobre el particular es necesario señalar que antes de la creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el registro y actualización de los servidores públicos con derechos de carrera administrativa, se encontraba en cabeza de una Comisión Nacional del Servicio Civil que funcionaba en el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP a nivel nacional, y a nivel territorial de las extintas Comisiones Seccionales; posteriormente y con la promulgación de la Ley 909 de 2004, se crea la actual Comisión Nacional del Servicio Civil, como un órgano autónomo independiente de las ramas y órganos del poder público, dotándola de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo fin es garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, actuando de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. 

Al desaparecer estas Seccionales, los archivos de inscripción y/o actualización de los servidores públicos del nivel territorial, continuaron en cada uno de los Departamentos donde funcionaron dichas Comisiones Seccionales, de conformidad con lo señalado por el artículo 48 del Decreto 760 de 2005, que sobre el particular establece “Los Gobernadores y el Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito Capital, conservarán en los archivos de las Comisiones Seccionales del Servicio, producidos en sus sedes hasta 1999, bajo los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000 y sus normas reglamentarias”

En este contexto y dado el tránsito administrativo, algunas actuaciones de dichas entidades, no fueron anotadas en el Registro Público de Carrera Administrativa, es así que éstas, al emanar de autoridades que en su momento ostentaban la competencia para pronunciarse sobre el estado en la carrera de los servidores públicos, son válidas puesto que declaran los derechos adquiridos en carrera administrativa, bajo la vigencia de las Leyes 27 de 1992 y 443 de 1998. 

Por lo que se procede a efectuar dicha anotación en el RPCA, siempre que con la solicitud se alleguen los documentos que prueben dicha situación.

R/   Si los documentos faltantes hacen parte de aquellos requeridos en la Circular 07 del 1 de agosto de 2012, que se encuentra vigente y señala el procedimiento y requisitos de inscripción, actualización o cancelación definitiva del Registro Público de Carrera, los cuales, según el trámite, deben aportarse de manera completa y que se formaliza diligenciando el Formato F-RP-001 – 2012, la entidad debe proceder a tomar todas las medidas administrativas necesarias para remitir la solicitud con todos sus soportes, es decir que deberá proceder a la reconstrucción de los documentos que permitan completar el expediente y de esta manera dar cumplimiento a lo exigido por la Circular 07 de 2012.

R/    No, en razón a que la Fiscalía cuenta con un régimen de carrera administrativa especial, que no es administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con la excepción contemplada por el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia.

R/    Para solicitar una corrección del RPCA, se requiere que el peticionario remita anexo a la petición, los documentos que evidencien la existencia de tal error a corregir, así por ejemplo, si el error está en el número de documento de identidad, se debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía.

Una vez verificados los documentos, la Comisión Nacional del Servicio Civil, procederá, si es el caso, a emitir el acto administrativo o las actuaciones administrativas correspondiente, para efectuar la anotación de corrección en el RPCA.

R/    Si. El acto administrativo de inscripción o actualización, tienen plena vigencia y validez, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a la letra preceptúa “Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: (…) 5. Cuando pierdan su vigencia (…)”.  

Así las cosas, los actos administrativos por los cuales se realizaron las anotaciones por las extintas comisiones seccionales, aún tienen plena vigencia y son válidos, por lo tanto, no es necesario realizar una nueva inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa.  No obstante, si es pertinente que éste se encuentra debidamente actualizado, de tal manera que figuren todos los empleos desempeñados por los servidores públicos durante su vida labora en carrera administrativa. 

R/ En relación a los servidores públicos nombrados en provisionalidad en situaciones de debilidad manifiesta como lo son las madres y padres cabeza de familia, los pre-pensionados y los discapacitados, la Corte Constitucional ha establecido que cuando una autoridad nominadora en el cumplimiento de sus funciones deba adoptar una decisión en materia de provisión de cargos de carrera administrativa, debe hacerlo en cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad con el fin de evitar vulneraciones de sus derechos fundamentales. Así la referida Corporación ha sostenido: 

“Entonces, pese a la potestad de desvincular a los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera, para no vulnerar los derechos fundamentales de aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad deben observarse unos requisitos propios de la estabilidad relativa o intermedia de que son titulares, entre ellos (i) la adopción de medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad, y (ii) la motivación del acto administrativo de desvinculación.” 

Bajo lo anterior, la entidad nominadora debe otorgarle a esta población un trato preferencial como acción afirmativa, antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

En relación con el supuesto de desvinculación de mujer embarazada nombrada en provisionalidad y que ocupa un cargo de carrera, la Corte Constitucional en sentencia SU-070 de 2013 fijó las siguientes reglas:

“Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera y el cargo sale a concurso o es suprimido, se aplicarán las siguientes reglas: (i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que aplicó. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (ii) si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad o de ser ello imposible, el pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la licencia.”.

R/    Una vez el docente supere un concurso público de méritos y esté llamado a ocupar una nueva plaza, debe ser nombrado en período de prueba y, mientras trascurre dicho período y es evaluado en el mismo, la entidad territorial debe declarar la vacancia temporal del empleo sobre el cual el docente ostenta derechos de carrera, a solicitud del educado. 

Ahora bien, si el docente supera el período de prueba, la entidad territorial lo nombrará en propiedad y ordenará la actualización de la inscripción en el escalafón docente, pudiendo allegar títulos académicos que no reposen en su hoja de vida; por el contrario, si el educador no aprueba el período de prueba, regresará a ocupar el empleo del cual es titular con derechos de carrera. 

R/    Teniendo en cuenta que no debe mediar renuncia al empleo sobre el cual ostenta derechos de carrera, al ocupar el nuevo el docente, continuará vinculado a la carrera sin perder su antigüedad o nivel en el escalafón. Una vez nombrado en propiedad, cuenta con el derecho a que le sea actualizado el escalafón acorde a los títulos que acredite, dicha acreditación la puede realizar una vez se encuentre en firme la evaluación de su periodo de prueba y hasta antes de la expedición del acto de actualización en el escalafón.

R/ Acorde a lo dispuesto en el Decreto 2715 de 2009 las entidades territoriales tienen la responsabilidad de convocar el proceso de evaluación de competencias para ascenso y reubicación en el escalafón docente. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, tiene la responsabilidad de señalar los criterios para la aplicación de las pruebas para la evaluación de competencias, las cuales tienen carácter reservado.

R/ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2715 de 2009 modificado por el Decreto 240 de 2012 la entidad territorial debe expedir el respectivo acto administrativo a través del cual niega o accede a la reubicación salarial o ascenso pretendido en el proceso de evaluación de competencias, el cual es susceptible de los recursos de reposición y en subsidio apelación en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

En el proceso de evaluación de competencias corresponde a la CNSC, únicamente,  resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad territorial convocante decide sobre el ascenso o reubicación en el escalafón a un participante en el proceso de evaluación de competencias.

R/ El artículo 14 del Decreto 1278 de 2002 señala que los cargos directivos docentes vacantes de manera temporal, podrán ser provistos por encargo con personal inscrito en carrera, mientras dure la situación administrativa del titular.

Como se observa, la norma no menciona de manera clara un orden de los funcionarios sobre los que debe recaer el encargo, ni tampoco requisitos para acceder a ello más allá de ser personal inscrito en carrera, motivo por el cual, dicho vacío debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2005 para el sistema general de carrera administrativa, norma que establece que “El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma.” 

Por lo anterior, se considera que el encargo para proveer una vacante de un empleo de Directivo Docente Rector debe recaer el servidor que esté vinculado en propiedad e inscrito en carrera docente, siendo Coordinador o Director Rural.

R/ Al respecto, el Decreto 3982 de 2006, “Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 y se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente (…).” establece: 

Artículo 10. Pruebas. La prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por objeto establecer niveles de dominio sobre los saberes profesionales básicos, como también las concepciones del aspirante frente al conocimiento disciplinar y frente a sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto-ley 1278 de 2002.

La prueba psicotécnica valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional.

Los aspirantes presentarán las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas en una misma oportunidad. Conjuntamente con la prueba, y con fines estadísticos, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, podrá solicitar información complementaria a los aspirantes, según requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, en cuestionarios especialmente diseñados para ello.”

De la norma expuesta se evidencia, que por mandato legal, las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la prueba Psicotécnica de los concursos de méritos para docentes y directivos docentes deben ser aplicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES, hoy Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 

R/  La Resolución 0207 de 2010 “Por la cual se reglamentan las audiencias públicas para escogencia de plaza en institución educativa oficial de conformidad con las listas de elegibles para proveer empleos que se rigen por el sistema especial de Carrera Docente”, establece: 

Artículo 9° Retiro de los aspirantes de la lista de elegibles. Quien sea nombrado en periodo de prueba, se entenderá retirado de la lista de elegibles de la entidad territorial respectiva.

Igualmente, se entiende retirado de la lista quien en la audiencia pública manifieste expresamente su voluntad de no aceptar ninguna de las vacantes ofertadas, o no acepte el nombramiento o no tome posesión del cargo dentro del término previsto en la normatividad vigente.”  (Énfasis nuestro). 

R/   Acorde a la normatividad vigente, las plazas docentes ofertadas en concurso pueden ser provistas transitoriamente mediante encargos, traslados o nombramientos provisionales, mientras se expiden las correspondientes listas de elegibles y se realiza la audiencia pública de escogencia de plaza.  

Se recuerda que bajo la Ley 715 de 2001, el Decreto 1278 de 2002 y demás normas complementarias, los traslados ordinarios son de competencia exclusiva del nominador y obedecen a sus facultades de administración del personal; sin embargo, se debe garantizar que para el día de la audiencia de escogencia de plaza, la vacante ofertada se encuentre disponible. 

En este sentido, la entidad territorial puede efectuar el traslado a una vacante ofertada en el concurso, advertir al docente o directivo docente trasladado que dicha situación es temporal mientras se fija fecha de audiencia de escogencia de plaza, de modo que el empleo ofertado continúa válidamente en el proceso de selección y será provisto con la correspondiente lista de elegibles.

 

R/    El artículo 18° de la Resolución 0207 de 2010, establece en el literal “h) Cerrada la escogencia de institución educativa, por una sola vez, los elegibles podrán realizar canjes o permutas, siempre y  cuando se realicen al final de la audiencia, de lo cual se dejará constancia en el acta.” En consecuencia, se la permutas están permitidas mientras se den en los términos establecidos. 

R/

a) Pre-pensionado

b) En situación de embarazo y/o en licencia de maternidad

c) Con enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad

d) madre o padre cabeza de familia

¿Cómo procede la Entidad para nombrar en periodo de prueba al elegible que ocupo la posición meritoria en el concurso, teniendo en cuenta los literales anteriores? 

En relación a los servidores públicos nombrados en provisionalidad en situaciones de debilidad manifiesta como lo son las madres y padres cabeza de familia, los prepensionados y los discapacitados, la Corte Constitucional ha establecido que cuando una autoridad nominadora en el cumplimiento de sus funciones deba adoptar una decisión en materia de provisión de cargos de carrera administrativa, debe hacerlo en cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad con el fin de evitar vulneraciones de sus derechos fundamentales. Así la referida Corporación ha sostenido: 

“Entonces, pese a la potestad de desvincular a los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera, para no vulnerar los derechos fundamentales de aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad deben observarse unos requisitos propios de la estabilidad relativa o intermedia de que son titulares, entre ellos (i) la adopción de medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto de las personas vinculadas en provisionalidad, y (ii) la motivación del acto administrativo de desvinculación. 1 (Negrilla y subraya fuera de texto).

Bajo lo anterior, la entidad nominadora debe otorgarle a esta población un trato preferencial como acción afirmativa, antes de efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

En relación con el supuesto de desvinculación de mujer embarazada nombrada en provisionalidad y que ocupa un cargo de carrera, la Corte Constitucional en sentencia SU-070 de 2013 fijó las siguientes reglas:

“Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo de carrera y el cargo sale a concurso o es suprimido, se aplicarán las siguientes reglas: (i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que aplicó. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (ii) si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad o de ser ello imposible, el pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la licencia.” 2.

Finalmente es preciso mencionar, que el Parágrafo 2° del artículo 1 del Decreto 1894 de 2012, contempla que Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical”. (Subrayado y negrilla fuera de texto Original).